En el campo, las espinas son para los trabajadores rurales La Justicia allanó una estancia en San Pedro, donde 69 trabajadores eran presuntamente reducidos a condiciones de servidumbre. Detuvieron a un directivo de la empresa y a cuatro capataces. Por Leonardo Rossi “Estamos prácticamente abandonados, esto no es justo”, dijo con rabia uno de los 69 hombres que trabajaba a destajo en la estancia La Luisa, ubicada en el paraje Beladrich, en San Pedro.
En este campo de 400 hectáreas residía en forma temporal un grupo de campesinos santiagueños sometidos a condiciones de insalubridad, presumiblemente reducidos a servidumbre. El caso se enmarca en la investigación por hechos conexos con el delito de trata de personas en establecimientos rurales, que desde diciembre pasado encabeza el fiscal de la UFI 6 de San Nicolás, Rubén Darío Giagnorio.
A partir de este trabajo del fiscal fue descubierta la explotación de obreros rurales efectuada por la multinacional Nidera –como reveló Página/12 el domingo pasado–. En este caso, la empresa infractora es Southern Seeds Production SA (SSP), con sede en Arrecifes. Uno de los dueños de la compañía, Alfredo Montealegre, quedó demorado, junto a cuatro capataces. Los cinco serán indagados hoy por el fiscal. Por su parte, el Ministerio de Trabajo bonaerense dejó clausurado el establecimiento. Los trabajadores, que llegaron en dos tandas el 15 y el 29 de diciembre pasado, desfloraban maíz todos los días, durante 12 horas. Según constató Página/12 durante el operativo, para dormir contaban con unas 30 camas cuchetas ubicadas dentro de una carpa de lona. Además, no tenían baños ni luz. Los alimentos perecederos eran conservados a la intemperie. El agua para bañarse la trasladaban en tachos de agrotóxicos. “Desde que están allí jamás vieron un médico. Varios sufrieron diarrea y a uno lo afecta un tumor. Además, no sabían en qué lugar geográfico se encontraban”, dijo el fiscal a este diario. Todos habían sido traídos desde sus pueblos, en Santiago del Estero, con la promesa de buenas condiciones de trabajo, en comparación con las que los tienen acostumbrados. Los campesinos no podían salir de la estancia porque corrían riesgo de que todos perdieran el empleo. Si utilizaban más alimentos de los que tenían asignados –una bolsa de 25 pesos por día, les decían los capataces– se les descontaba el excedente del sueldo, que era de 1100 pesos por hectárea desflorada. Los cálculos de los trabajadores indican que eso requiere de ocho días de trabajo. Pero dicen que entre los descuentos alcanzarían a sacar entre 500 y 800 pesos por hectárea. Todo eso según los cálculos, ya que hasta ahora no habían cobrado nada.
También debían pagarse los pilotos, guantes o calzado que necesitan para realizar su tarea. El fiscal se acercó al establecimiento poco antes de las seis de la mañana. Alertados por los procedimientos previos, los dueños se llevaron del lugar a dos menores que estaban en la actividad –que ya estarían en sus casas, en Santiago, según sus familiares–. “También pusieron, en la madrugada (de ayer) un baño químico y compraron faroles a kerosene”, relataron los trabajadores a Página/12. Todo el resto se mantuvo igual. Abrumado por el cuadro que encontró, el funcionario judicial sostuvo: “El objetivo es que la gente se vaya a Santiago con la plata que le deben”. Y recalcó: “La víctima no debe seguir trabajando con el victimario”. Con la llegada de Giagnorio comenzó a intervenir un equipo de la Policía de Investigaciones bonaerense, que se dedicó a recabar datos de los empleados y empleadores.
Además se dispusieron móviles para llevar a las personas con afecciones de salud a un centro sanitario de San Pedro. Por su parte, el Ministerio de Trabajo provincial también hizo sus actas, en las que dejó constancia de las irregularidades en materia sanitaria. Organizados en ronda, los trabajadores agrarios hablaron con este diario. “La empresa se aprovecha. Ni siquiera nos dan pilotín para trabajar los días de lluvia. Si querés uno te lo venden a 160 pesos”, precisó Carlos. “Allá (en Santiago del Estero), cuando te contratan, te prometen de todo; llegas acá y no hay nada”, se quejó otro. También aseguraron que no pueden irse de la finca. “Si se escapa uno, paga la cuadrilla”, era la amenaza patronal. Más allá de los cuatro capataces que coordinaban los grupos de trabajo, nunca veían a los dueños de la empresa. Sólo iba todos los días un proveedor a llevar las bolsas con comida, que incluían fideos, arroz, salsa de tomate, pan, cebollas y papas. También les daban carne, que debían mantener en antiguas fiambreras, que sólo sirven de protección ante las moscas. Los capataces que ahora se encuentran demorados son Víctor Barreto, Elio Ullua, Héctor Herrera e Isamel Ibarra. Ellos trabajaban en el campo, pero eran el aparente nexo con los dueños de SSP, ya que por los relatos de los campesinos estas personas los reclutaban en sus lugares de residencia. Estos hombres les prometieron trabajo en la desflora de maíz, pero con condiciones más dignas de las que resultaron.
El viceministro de Trabajo de la provincia, Carlos Molina, encabezó el procedimiento de esa cartera en La Luisa. “Esto se tiene que cortar”, manifestó el funcionario. Admitió, sin embargo, que la operatividad del ministerio es insuficiente para esa campaña. “Somos conscientes de que con nuestra capacidad es muy difícil llegar a descubrir estos casos. Hay que estimular las denuncias.” Molina atribuyó la proliferación de esta modalidad de empleo precario a los “muchos años en los que todo se libró al mercado”. Luego de que Trabajo relevara a los empleados precarizados, el establecimiento quedó clausurado “porque incumple las normas de seguridad e higiene”. Respecto del registro de los trabajadores, la empresa tiene hasta el jueves de la semana próxima para presentar toda la documentación al ministerio. Hoy se realizará una audiencia en la sede regional de San Pedro de la cartera laboral para intentar que la empresa pague a los trabajadores los salarios por lo realizado hasta la fecha. Luego el ministerio se encargará de que los jornaleros cuenten con un micro que los traslade a su provincia.
Por otra parte, el fiscal avanza en la causa penal que involucra a los dueños de la empresa y a los reclutadores. “Las penas para este tipo de delito van de tres a quince años de prisión”, explicó Giagnorio. Con el operativo casi consumado, se hizo presente Mario Bentolila, un abogado que dijo representar a SSP. “Los trabajadores están todos legalmente registrados y sus salarios están por encima del convenio sindical”, le dijo a Página/12 el letrado. Bentolila intentó negociar con el fiscal y el viceministro de Trabajo la continuidad de las actividades de La Luisa. “En cuatro días se pierde la siembra. Necesitamos con urgencia la mano de obra.” De forma contundente, el fiscal le respondió: “Me parece importante la pérdida económica para que no vuelva a ocurrir. La empresa tiene una enorme ganancia superior a lo que debiera por la explotación que realizan de los trabajadores. Si el negocio no les sirve, que cierren
