PRIMER FORO POR UN PROYECTO EMANCIPADOR

A 10 años del 2001

PRIMER FORO POR UN PROYECTO EMANCIPADOR

LOS MOVIMIENTOS POPULARES TENEMOS UNA PROPUESTA DE PAÍS

18 y 19 de Noviembre de 2011 | Plaza Houssay, Capital Federal

Diez años nos separan de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001. En este tiempo dimos pasos importantes, recuperando derechos perdidos, organizando nuestras fuerzas, instalando nuevos debates en agenda. Logros que ningún gobierno podrá adjudicarse…. El recorrido nos obliga a reflexionar sobre el camino transitado, pero ante todo, nos invita a proyectarnos para fortalecer un proyecto alternativo de país.

El PRIMER FORO POR UN PROYECTO EMANCIPADOR se propone llevar adelante estos debates, desde la reflexión y la participación, como así también desde la experiencia de diversos movimientos y organizaciones populares; muchas de las cuales integramos la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina (COMPA).

Hoy, los movimientos populares no sólo seguimos en pie, sino que escampamos al conformismo, al posibilismo y asumimos la enorme tarea que de construirnos en alternativa de país. Nuestro recorrido nos ha servido para madurar y crecer en organización, buscando fortalecer una propuesta emancipadora desde los debates que nos atraviesan y nos proponemos dar.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

VIERNES 18 | 18hs. a 24hs.

PANEL APERTURA: 2001-2011 / CONTINUIDADES Y RUPTURAS A 10 AÑOS DEL ARGENTINAZO

• Emilio Taddei (Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe-COMPA)
• Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz)
• Atilio Borón (politólogo, docente e investigador de UBA y CLACSO)
• Maristella Svampa (socióloga, docente UNLP, investigadora CONICET)
• Marina Moretti (Socialismo Libertario-COMPA)

FOGÓN DE LA MEMORIA: Huellas de la historia para caminar el presente, 21hs. a 24hs.

SABADO 19 | 10hs. a 24hs.

PANELES DE LA MAÑANA (10hs. a 13hs.):

DEFENDIENDO LA EDUCACIÓN PÚBLICA, CONSTRUYENDO LA EDUCACIÓN POPULAR

• César Baudino (Sec. Gral. de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos - AGMER)
• Marcelo Ruiz (Rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto – UNRC; ex Sec. Gral. de Asoc. Gremial Docente-AGD)
• Ignacio Kotzer (Presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires-FUBA, miembro del Espacio Nacional de Estudiantes de Organizaciones de Base-ENEOB)
• Roberto Elizalde (Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares-CEIP, COMPA)
• Estudiantes Secundarios (OES)

JUSTICIA, APARATO REPRESIVO Y SEGURIDAD: LOS DERECHOS HUMANOS HOY

• Nora Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora)
• Alberto Morlachetti (Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo-CTA)
• Melina Capucho (Colectivo de Educación Popular en Cárceles “Atrapamuros”-COMPA)
• Alejandro Alagia, Profesor de la Facultad de Derecho de la UBA y fiscal general del Ministerio Público de la Nación.
• Nilda Eloy (Asociación de ex detenidos-desaparecidos)

DE LA MERCANTILIZACIÓN AL DERECHO A UNA SALUD INTEGRAL

• Pablo Torres (Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina – FESPROSA-CTA)
• Gonzalo Basile (Médicos del Mundo Argentina, impulsor de la plataforma “22 puntos por la Salud de la Rep. Argentina en el Bicentenario”)
• Manuel Krol (Médico generalista, impulsor del Espacio de Salud del FPDS-COMPA)
• Graciela Zaldúa (titular de Psicología Preventiva y Epidemiología en la facultad de Psicología de la UBA)

EL DERECHO A LA TIERRA Y LA VIVIENDA: RESPONSABILIDAD ESTATAL Y CONFLICTO SOCIAL

• Juan Wahren (Org. Popular Fogoneros-COMPA)
• Carla Rodríguez (Movimiento de Ocupantes e Inquilinos – MOI-CTA)
• Fernando Guzmán (Coordinador laico de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de Misioneros Claretianos)
• Diosnel Pérez (referente barrial de Villa 20 Lugano, Frente Popular Darío Santillán-COMPA)
• José “Pepino” Fernández (Unión de Trabajadores Desocupados – UTD, de Gral. Mosconi, Salta)
• Álvaro Sandoval (Movimiento Tupaj Katari, Jujuy)

--- RECESO (13hs. a 15hs.) ---

PANELES DE LA TARDE (15hs. a 18hs.):

VIOLENCIA MACHISTA, ABORTO Y TRATA: DESAFÍOS ACTUALES DEL MOVIMIENTO DE MUJERES POR EL CAMBIO SOCIAL

• Claudia Korol (Pañuelos en Rebeldía)
• María Orlanda Pinassi (Escola Nacional Florestan Fernandes-MST, Brasil)
• María Paula García (Socialismo Libertario-COMPA)
• Liliana Papa (Campaña por el Derecho al Aborto - La Revuelta, Neuquén)
• Zulema Aguirre (Espacio de Mujeres del Frente Popular Darío Santillán-COMPA)

PRECARIZACIÓN LABORAL Y DEMOCRACIA SINDICAL. PERSPECTIVAS DE LA CLASE TRABAJADORA

• Oscar Martínez (Taller de Estudios Laborales -TEL)
• Pedro Cormack, (Sec. Gral. de la Asociación de Docentes de Santa Cruz- ADOSAC)
• José Rigane (Sec. Adjunto de la CTA; Sec. Gral. de Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata)
• Marianela Navarro (Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas, Autogestivos y Precarizados - AGTCAP)
• Hernán “Vasco” Izurieta (Junta Interna de ATE, Ministerio de Trabajo de la Nación)
• Carlos González (delegado de Unión Obrera Metalúrgica-UOM Oeste, FPDS-COMPA)

FRENTE AL SAQUEO: AUTODETERMINACIÓN Y SOBERANIA ALIMENTARIA

• Norma Giarraca (Socióloga, docente UBA)
• José Seoane (Grupo de Estudios de América Latina y el Caribe – GEAL-COMPA)
• Representante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI)
• Horacio Machado (Unión de Asambleas Ciudadanas – UAC, Catamarca)
• Félix Herrero (Economista, miembro del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora-MORENO)
• Francisco Ortiz (sector rural de la COMPA y Frente Riojano de Organización Popular – FROP, La Rioja)

COMUNICACIÓN Y CULTURA POPULAR. DESAFÍOS Y ESTRATEGIAS EN EL ESCENARIO ACTUAL

• Romina Gómez (Radio Voces de La Rioja - FROP y miembro de la Red Nacional de Medios Alternativos- RNMA)
• Colectivo FM La Tribu (Asoc. Mundial de Radios Comunitarias-AMARC)
• Vicente Zito Lema (poeta, dramaturgo, periodista, filósofo y docente)
• Adrián Pulleiro (Rebelión, Corriente Universitaria-COMPA)
• Marina Cardelli (Frente Cultural Raimundo Gleyzer)
• Macarena Duarte (Casa de la Cultura Los Compadres del Horizonte-COMPA)

PANEL DE CIERRE (18.30h.-21h.)

POR UN PROYECTO EMANCIPADOR: NUESTRAMERICA NOS INSPIRA

- Fernando Rey (Movimientos Sociales hacia el ALBA, capítulo Argentina, FPDS-COMPA, Santa Fe)
- Yorliz Anderzon Fernández Uzcategui (Polo Patriótico, Venezuela)
- Miguel Mazzeo (historiador y escritor, docente universitario)
- Martín Ogando (Juventud Rebelde 20/12-COMPA)

21h. Despide: Murga LoS GaRaBaToS De La AcEiTeRa (COMPA, La Plata)

22h. Cena y fiesta.

Sentencia del Juicio Ético Popular a las empresas transnacionales y nacionales megaextractivas del NOA – San Miguel de Tucumán, 25.09.2011

Introducción

A más de 500 años de colonización y recolonización, este Tribunal dice que no es lo mismo vivir de la naturaleza que vivir con y en la Naturaleza. El Juicio Ético Popular contra las empresas transnacionales y nacionales megaextractivas acusadas tiene, para este Tribunal, un sentido preciso y profundamente humano: la salvaguarda de la vida y su reproducción actual y futura, en todas sus dimensiones e implicancias. El criterio de discernimiento de lo más ético o lo menos ético radica en la vida: anti ético es lo que liquida o puede, a la corta o a la larga, liquidar la vida. Ético es lo que va por la vida, por la vida en integridad, por aquello que los pueblos andinos llaman el “sumak kawsay”. El objeto de este Juicio Ético Popular es que, desde la ética, exija al orden jurídico situarse en lo ético o cada vez más ético, y que exija a todos los niveles de responsabilidad política y cualquier otro tipo de responsabilidad con incidencia en lo comunitario, sea público o privado, actuar eficazmente de modo ético, y/o cada vez más ético.

En la situación actual de la humanidad globalizada, las condiciones de posibilidad de la vida sobre el planeta son convertibles con respecto a la responsabilidad ética por la tierra y por la vida en todas sus dimensiones. La separación entre lo útil y lo ético, producto del positivismo científico moderno, se torna actualmente imposible: la única utilidad viable es la que respeta la ética. La persistencia de la separación en que se basan los modelos megaextractivos convierten a sus actividades en necesariamente anti éticas: atentan contra la vida (Hinkelammert, Franz, La globalización desde una perspectiva económica, en Fornet-Betancourt, Raúl (ed.), Resistencia y solidaridad. Globalización capitalista y liberación, Madrid: Trotta, 2003, p. 33-39; acá, p. 34ss). Lo ético se torna decisivo en todos los planos y tipos de la actividad humana. Su criterio valorativo final puede sintetizarse del siguiente modo: si el obrar humano defiende, sostiene y promueve la vida de la naturaleza, de las personas y de los pueblos, salvaguardando su dignidad o si, por el contrario, los pone en peligro, sea en parte o en su totalidad. No se trata sólo de una generalidad: la responsabilidad ética incide en la posibilidad de la convivencia humana. Quien o quienes, por razones de poder o intereses particulares, creen y actúan sin responsabilidad por la vida de la tierra o de las personas, se convierten en violentos saboteadores de la convivencia humana y de la vida de la tierra. La no responsabilidad por la vida y la convivencia conlleva la destrucción de ambas. No es posible “asegurar la propia vida destruyendo la vida del otro… Lo ético y lo útil se unen y entran en contradicción con el cálculo de utilidad y del interés propio” (Hinkelammert, Franz, La globalización desde una perspectiva económica… op. Cit., p. 36). El peligro mayor para la supervivencia humana está hoy en la globalización fundamentalista de los mercados, preparada por las sangrientas dictaduras militares y de las cuales son continuidad. Para este modelo productivo, las condiciones que hacen posible la vida aparecen como “distorsión de los mercados”. Los mercados neoliberales se convierten en los totalitarios del sistema social y destructores de las fuentes de la vida (Hinkelammert, Franz, La globalización desde una perspectiva económica… op. Cit., p. 37), por la inversión antropológica y cosmológica que los sustenta. En efecto, tal inversión consiste en una reducción de la persona humana a mero recurso humano y del cosmos, de la naturaleza, a mero recurso natural, lo que hace posible toda violación de sus respectivos derechos de vida. Estas reducciones entitativas del ser de la Madre Tierra y del ser de la persona humana convierten a ambos en recursos, es decir, en recurribles, en meros instrumentos, en “utilizables”, transformables o desechables, se trate de la tierra, del animal, de la planta, se trate de la persona humana o de las comunidades humanas. La degradación del ser de la realidad natural y la degradación del ser humano como mero individuo poderoso, es la raíz de la ausencia de ética, es la raíz de toda criminalidad. Éste es el trasfondo en que las multinacionales llevan cabo con sus acciones un verdadero ecogenocidio o que lo conllevan inmediata o potencialmente, convirtiéndose en verdaderos “lobos para el hombre” y “lobos para la naturaleza”. Por ello, sostiene este Tribunal Ético Popular que estas acciones de saqueo de las empresas multinacionales y nacionales megaextractivas en nuestros pueblos oprimidos deben ser incluidas como delitos de lesa humanidad y delitos de lesa naturaleza. Es decir, la ética, sin negar el orden jurídico, exige a éste a que se humanice más y, por ello, asegure el resguardo de modo decidido de los ciclos vitales de la naturaleza y de la vida de las personas y comunidades.

Las poderosas empresas testigo denunciadas por las fiscalías populares absorben los DDHH, porque han sido convertidas en sujeto de derecho, en personas jurídicas, con derechos casi absolutos, ya que se trata de un contexto conformado por, desde y para la empresa, para el mítico emprendimiento como se dice eufemísticamente, convertido en fetiche intocable. En defensa de los cometidos insaciables de una empresa se puede liquidar el medio ambiente, y se pueden liquidar pueblos enteros y comunidades indígenas y criollas campesinas que parecen haber sido reducidas a lo último de la sociedad. Estas “empresas sucias”, como las llamó un afectado, son uno de los signos de la barbarie de esta civilización. La misma consiste en desacreditar hasta negar el valor territorial y natural de los espacios donde van a hacer su explotación y, con ello, desmerecer globalmente a las personas, los grupos, las culturas, los países. Se trata, en efecto, de una nueva y más acentuada dimensión de colonización y recolonización de todo el país, el continente y el mundo.

Grave responsabilidad ética recae sobre la actividad universitaria y de los demás institutos de formación superior, pues normalmente sus graduados conducen los estados como presidentes, gobernadores, jefes comunales, concejales, legisladores, jueces, presidentes de comisiones, asesores políticos, proyectistas de emprendimientos, etc. Por ello, de prescindir de tal responsabilidad ética frente a la vida, las universidades e institutos superiores se pueden convertir en agentes de esta neocolonización y en semilleros de la muerte por acción u omisión desde su consciente o inconsciente sometimiento al coloniaje productivo y su implícito “control epistemológico del mundo” (Raúl Fornet-Betancourt), de cuño eurocéntrico. La formación profesional o es agente gnoseológico de esa recolonización o, de lo contrario, sujeto de la urgente y necesaria descolonización del saber y del hacer. Los medios de comunicación tienen idéntica responsabilidad ética por su masiva incidencia en la opinión pública y en el manejo de la información de los temas que afectan directamente a la vida de la comunidad, de los pueblos y de la Madre Tierra.

También entiende este Tribunal de Juicio Ético Popular que mayor y más grave responsabilidad ética aún recae sobre las religiones y sus iglesias, por la innegable conexión de lo espiritual con las responsabilidades éticas humanas. Especialmente son más responsables las que pueden ejercer más influencia en los pueblos, en las personas y hasta en los poderes públicos. Su legitimidad ética sólo puede justificarse en la medida en que explícitamente acompañan al la Madre Tierra y a sus hijos desde la denuncia anticipada, desde la condena clara y firme de todos los atropellos y abusos violatorios de sus respectivos derechos o de los proyectos cuya incidencia pueden afectarlos.

“Debemos aprender a pensar de una nueva manera”, dicen en el Manifiesto de Potsdam 2005 ciento treinta y un científicos de veintisiete países de todos los continentes, con lo cual han reiterado el de Manifiesto de 1955, de Bertrand Russell y Albert Einstein, quienes ya entonces propusieron esa transformación del saber. El primer Manifiesto de Potsdam se publica a diez años de la primeras dos bombas atómicas lanzadas por EEUU contra la población civil inocente de Hiroshima y Nagasaki. El Manifiesto involucra a todos los niveles del saber. Los científicos hacen también alusión a los 150 años del mensaje del gran jefe Seattle al presidente de los Estados Unidos, escrito en 1855. En ese mensaje el gran jefe Seattle dice: “el hombre blanco devorará la tierra y no dejará nada, sino solo desierto”.

Observan los científicos en el 2005 que el saber humano está preparado y tiene las condiciones para cambiar esta insaciable estrategia de poder en que se ha embarcado la humanidad para liquidar su propia casa, su propia Tierra Madre, este ecosuicidio, si así se lo pudiese llamar: reiteramos, nos encontramos ante un genocidio, un ecocidio, ambos a la vez, ante un ecogenocidio como crimen contra el sistema cósmico de la vida y contra la vida de los pueblos. Y observan que sólo desde la apertura a las diversas culturas de la humanidad y a las diversas culturas del aprendizaje será posible salvar nuestra vida en todas sus formas de mantenimiento y de reproducción.

El derecho positivo argentino y los de todos los sistemas jurídicos de los estados de nuestro continente tienen que comprender que: o se sitúan en la inmoralidad de un funcionalismo frente a esta barbarie, o bien en la moralidad de denunciar y pronunciarse definitivamente y poner en el banquillo de los acusados a todos los responsables de los desastres ambientales, muertes y de las cuotas de enfermedades evitables y otros ingentes daños que aumentan escandalosamente, los que bastarían para decidir desde la justicia ejercida con ética: “ese tipo de actividad de muerte no se permite más”.

Proceso del Juicio Ético Popular NOA

Durante el desarrollo de este Juicio Ético Popular Regional NOA contra las transnacionales y una gran empresa nacional que opera al modo de las transnacionales, este Tribunal ha oído en Audiencia Pública a las fiscalías populares y los casos testigos constituidos por miembros de organizaciones sociales e integrantes de pueblos originarios, todos ellos víctimas de la presencia y las formas de operar de las corporaciones transnacionales en nuestros territorios. A su vez, ha analizado las denuncias y los testimonios presentados y ha constatado que el modelo productivo provoca la explotación económica de los bienes comunes naturales y de los territorios por parte de las empresas transnacionales en las comunidades en cuyo entorno se desarrollan sus actividades, perjuicios directos como la privación del acceso a los recursos básicos, la destrucción de los territorios y las limitaciones a sus derechos humanos, incluido el derecho intrínseco a la vida.

En esta audiencia, en la que han sido enjuiciadas las empresas transnacionales Minera La Alumbrera YMAD UTE, Minera Agua Rica, Barrik Gold Corporation, Grupo Monsanto, Grupo Repsol y Ledesma SA, este Tribunal ha podido constatar los siguientes impactos provocados por las formas de operar de las empresas transnacionales y la empresa nacional enjuiciada y las proyecciones de esas consecuencias en los casos en que se trata de proyectos de explotación:

-Este modelo neoextractivista genera el saqueo de los bienes comunes, la destrucción de los territorios donde operan las empresas y serios impactos negativos en el medio ambiente, incidiendo en la profundización del cambio climático y generando desertificación, deforestación, escasez y degradación de aguas superficiales y subterráneas, contaminación, extinción de especies, desmontes y pérdida de ecosistemas y biodiversidad. Imponentes volúmenes de energía y agua son los insumos imprescindibles de las actividades minera y petrolera para efectuar dicho saqueo. Alimentan esta destrucción territorial los laxos controles estatales y las malas prácticas de las empresas, entre las cuales podemos mencionar, en la explotación petróleora, la avería de poliductos y oleoductos por falta de mantenimiento y/o violación de normas de seguridad, vertidos de aguas de producción, incorrecta disposición de desechos de producción que han contaminado ríos, espejos de agua, glaciares, etc.

Por las pruebas presentadas por las diferentes fiscalías y los testimonios con que las acompañaron y que integran los antecedentes en autos, este Tribunal, integrado por la Sra. Mirta Acuña de Baravalle, Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Luz María Díaz, de Médicos del Mundo – Argentina – Cono Sur, Prof. Dr. phil. Carlos María Pagano Fernández, de la Universidad Nacional de Salta y de la Universidad Católica de Salta, Eva Gamboa, del Observatorio contra la Discriminación y el Racismo de las Mujeres y de los Pueblos Indígenas y el Dr. Eduardo Rosenzwaig, de la Universidad Nacional de Tucumán, resuelve, en forma unánime, definitiva e inapelable, y habida cuenta de la Solicitud de Condena presentada por la Fiscalía Audiencia NOA,

CONDENAR

a las Empresas Transnacionales aquí enjuiciadas, YMAD- Minera Alumbrera UTE, Minera Agua Rica, Barrick Gold, Monsanto, Repsol-YPF, a la empresa Ledesma S.A., a sus dueños, accionistas y socios y a su plana gerencial; a Carlos Saúl Menem, Domingo Felipe Cavallo, José Luis Gioja, Ángel Maza, Felipe Solá, Fernando De la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Mayoral, y a todos los demás presidentes, diputados y senadores de la Nación, gobernadores y funcionarios de las distintas áreas de gobierno provinciales y municipales directa o indirectamente implicados en la implementación del perverso sistema neocolonial de saqueo destrucción, y contaminación de los territorios de nuestros pueblos aquí enjuiciados, por violación sistemática, de toda ética, de los Derechos Humanos inalienables y de los Derechos de la Naturaleza, por responsables de los delitos de:

GENOCIDIO, ECOCIDIO Y EPISTEMICIDIO, CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Y DE LESA NATURALEZA.

VIOLACIÓN A LA SOBERANÍA TERRITORIAL DE LOS PUEBLOS, VIOLACIÓN A LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, A LA LEGISLACIÓN GENERAL Y DEL ORDEN JURÍDICO-POLÍTICO CONSTITUCIONAL Y LEYES Y TRATADOS INTERNACIONALES;

CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Y DE LESA NATURALEZA A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE DURANTE LA DICTADURA USURPARON LAS FUNCIONES DE GOBIERNO DEL ESTADO Y A LOS GRUPOS DE PODER CIVILES Y ECONÓMICOS CONCENTRADOS QUE A TRAVÉS DEL TERRORISMO DE ESTADO DE LOS ’70 CONSTRUYERON LAS CONDICIONES HISTÓRICAS DE POSIBILIDAD DEL ACTUAL MODELO NEOCOLONIAL.

Hacer extensiva esta condena a todas las empresas y organismos que participan y promueven este modelo neocolonial de saqueo, destrucción y contaminación de los territorios y bienes comunes.

Declarar al Sistema Judicial de la Nación y de las Provincias Culpable del delito de corrupción moral e institucional y expropiación del derecho de nuestros pueblos del acceso a la Justicia.

Declarar a funcionarios de los gobiernos nacional y provinciales, legisladores, jueces e intendentes, a rectores, decanos y consejeros superiores de las Universidades Nacionales, a autoridades y funcionarios de Salud y de Educación, a Obispos y párrocos, a los dueños de los medios de comunicación y sus jefes de redacción, a organizaciones no gubernamentales, que por su acción y/u omisión colaboraron, promovieron, facilitaron y/o pretendieron justificar y legitimar las acciones de las empresas aquí enjuiciadas, CULPABLES DEL DELITO DE COMPLICIDAD, CORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN NECESARIA, DIRECTA O INDIRECTA EN ACTOS DE GENOCIDIO Y ECOCIDIO, SAQUEO, DESTRUCCIÓN Y CONTAMINACIÓN DE LOS BIENES COMUNES.

Sostenemos que no hay pena y resarcimiento social ni penal posible que sea proporcional o equivalente a la gravedad de estos aberrantes crímenes cometidos. Ello no obstante, planteamos que es imprescindible y urgente que el Estado Nacional arbitre los medios necesarios para detener inmediatamente el perverso sistema productivo genocida y ecocida de saqueo neocolonial, la impunidad y corrupción generalizada instalada que le son inherentes.

En esa dirección, Este Tribunal DECLARA:

El reconocimiento del derecho al territorio como derecho fundamental de los Pueblos: Somos territorio, pertenecemos al territorio y éste es la base de nuestra existencia y del derecho a la Vida. Los derechos de la naturaleza y el derecho al territorio son derechos fundamentales que están por encima de todo derecho positivo.

La nulidad de todas las leyes, tratados, convenios, decretos y demás actos normativos y administrativos que posibilitaron la implementación y vigencia de este modelo.

La Justicia y necesidad urgente de detener la usurpación y emprender la restitución de las tierras y fuentes de agua usurpadas y expropiadas a sus pobladores legítimos, pueblos originarios, comunidades campesinas y pobladores de nuestros campos y localidades.

La inviabilidad e insostenibilidad del actual patrón energético, la minería a gran escala, y del modelo de mega-agricultura industrial ligada a los transgénicos y los agronegocios de exportación. Declara la falsedad manifiesta de la biotecnología como ‘respuesta’ a las necesidades alimentarias de los pueblos. Declara el rechazo al Plan Nuclear Nacional, al Plan Estratégico Alimentario, a Plan Nuclear Nacional y al IIRSA.

La legitimidad y el deber moral y social de las poblaciones que resisten los actos de violación de los derechos territoriales y humanos básicos.

Declara la falacia del discurso del ‘desarrollo’ fundado en un modelo extractivista, como arma ideológica que produce y legitima el avasallamiento de los derechos territoriales de nuestros pueblos. Rechaza el discurso falaz que sostiene se tengan que entregar nuestros bienes comunes al capital concentrado, nacional o extranjero, para lograr adecuadas y dignas condiciones de vida. Declara el derecho fundamental de los pueblos al Buen Vivir: como pueblo tenemos el derecho, la responsabilidad y las capacidades para administrar con responsabilidad, cuidado y dignidad los bienes comunes de nuestros territorios.

Exige el cese inmediato y la expulsión de estas empresas de nuestros territorios. El cese inmediato de la represión y la criminalización de la legítima protesta social, el esclarecimiento y justicia para los crímenes históricamente cometidos y aún impunes.

ESTE TRIBUNAL CONDENA MORALMENTE LA VIGENCIA, CONTINUIDAD Y PROFUNDIZACIÓN DEL COLONIALISMO HISTÓRICO, AHORA BAJO LAS ARMAS Y LOS MODOS DE LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL HEGEMÓNICA EN CURSO.

ESTE TRIBUNAL FALLA EN EL DÍA DE LA FECHA, 25 DE SETIEMBRE DEL 2011, EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, A FAVOR DE LOS DERECHOS LOS PUEBLOS ORPIMIDOS DE ESTE TERRITORIO. LOS FIRMANTES DEL TRIBUNAL QUEDAN A DISPOSICIÓN PARA FUTUROS REQUERIMIENTOS DE LAS COMUNIDADES QUE ASÍ LO SOLICITEN

Desaparecida la ambientalista Sandra Viviana Cuellar por aquellos que quieren desaparecer la reivindicación social, ecológica, política, en Colombia

La ambientalista Sandra Viviana Cuellar, mujer comprometida con la naturaleza y la cultura, fue desaparecida por aquellos que “desaparecen” a los que reivindican por los derechos humanos, sociales y ambientales.

Sus familiares han expresado: “Sandra Viviana aún no ha sido retornada a su hogar y a su vida social. Sandra Viviana es una joven de 26 años, ingeniera ambiental, que destaca por sus valores espirituales, artísticos, culturales y profesionales. Sandra Viviana ha sido una mujer con una profunda actitud solidaria y un gran compromiso con la justicia ambiental y social. Ha impulsado la protección de los humedales del Río Cauca, promovido prácticas agroecológicas y mercados campesinos, impulsado procesos culturales, jurídicos y de educación ambiental para la protección del agua como bien público y de las selvas como espacio biológico y cultural vital.”

Desaparecida Sandra, la sociedad fue privada de su vitalidad y de sus aportes: desaparecida la defensora de los derechos humanos, desaparecida su constante reivindicación ambiental, desaparecidas sus denuncias del saqueo multinacional y de la destrucción de humedales, cuencas, páramos y bosques, desaparecido su ejemplo comprometido… la práctica sistemática de la desaparición forzada es parte de un genocidio contra la oposición política.

Eurodiputados envían una carta al presidente Santos por la desaparición de la ambientalista Sandra Viviana Cuellar

En la carta los Eurodiputados expresan:

"Hemos sabido con enorme preocupación que el día jueves 17 de febrero de 2011, Sandra Viviana Cuellar Gallego fue víctima de una desaparición forzada en la vía que conduce de Cali a Palmira. Sandra Viviana Cuellar Gallego, de 26 años, es una defensora de los derechos humanos y del medio ambiente de reconocida trayectoria y sensibilidad social.

La desaparición forzada está tipificada por Naciones Unidas como un Crimen de Lesa Humanidad.

. La historia de los últimos 20 años de Colombia confirma que miembros de los cuerpos de seguridad del Estado han estado involucrados de alguna u otra forma en la mayoría de casos similares a la desaparición forzada de Sandra Viviana Cuellar Gallego, ya sea cometiéndolos directamente, o tolerando que sean llevados a cabo por grupos paramilitares.

Esto ha sido el caso en particular cuando ocurre en zona bajo control de las autoridades, como es la vía de Cali a Palmira.

Por esta razón por la cual le pedimos, Señor Presidente, que use de todo su autoridad para que cuanto antes aparezca con vida Sandra Viviana Cuellar Gallego.

Observamos que bajo su Gobierno siguen las graves violaciones de los derechos humanos, y estimamos particularmente inapropiado considerar la rúbrica o la ratificación de un tratado de libre-comercio entre la Unión europea y Colombia, -tratado que sin dudas va a aumentar todavía la presión sobre las tierras, el agua, el medio ambiente, los recursos naturales en general-, mientras quienes cuestionan de forma pacífica y democrática las políticas gubernamentales siguen siendo víctimas de crímenes de forma tan sistemática. "

El crimen de Estado de la desaparición forzada perpetrado por la "democracia" en Colombia ha rebasado las dramáticas cifras de la dictadura argentina: sólo en los últimos 3 años el Terrorismo de Estado ha desaparecido a 38.255 personas (informe Medicina Legal 2010). Se estiman en más de 250.000 las personas desaparecidas en los últimos 20 años. La desaparición forzada es un Crimen de Estado que persigue la parálisis de la reivindicación social: es un crimen de lesa humanidad que vulnera a la sociedad en su conjunto al truncar procesos sociales de manera sistemática.

En enero 2011 la Fiscalía publicó un estremecedor informe: revela tener documentados 173.183 asesinatos; 1.597 masacres; 34.467 desapariciones forzadas, y al menos 74.990 desplazamientos forzados, crímenes cometidos entre junio de 2005 y el 31 de diciembre de 2010 por el paramilitarismo, una herramienta de terror financiada y coordinada por el latifundio, multinacionales y Estado colombiano, que cumple la función de eliminar la reivindicación social, y desplazar poblaciones de manera masiva. Los propios jefes paramilitares denuncian que “El paramilitarismo de estado sigue vigente” (Jefe de las AUC Salvatore Mancuso).

Del informe de Medicina legal y del de la Fiscalía se deduce un promedio de 13.000 desaparecidos al año, perpetrados entre fuerza pública y herramienta paramilitar. Al menos 250.000 personas desaparecidas en dos décadas, como lo denunció Piedad Córdoba. Las cifras oficiales de desaparición forzada están siempre por debajo de la realidad, pero aún así permiten confirmar el drama: el estado colombiano ha desaparecido a más personas que las dictaduras de Chile y Argentina reunidas.

La sociedad tiene el deber ético de ponerle rostro a los desaparecidos, y de enarbolar sus ideas, para que no los logren desaparecer totalmente. Son seres humanos con sus seres queridos, sus ilusiones, y sobre todo su corazón humanista, su sensibilidad hacia la naturaleza, hacia la justicia.

Urge solidaridad internacional. Difunda la noticia con la imagen.

Los Qom en Buenos Aires

Félix Díaz, cacique de los qom, había pactado para la mañana del lunes 27 una reunión con el Ministro del Interior, Florencio Randazzo. Pero no pudo ser. En una improvisada conferencia en el campamento que mantienen en 9 de julio y Av. De Mayo, contó cómo los trata el Estado, cuáles son los reclamos y cómo va a seguir la huelga que los tiene en ayuno desde el jueves 23.

“Ná alba maiche karatee karaqdomepi dalaqacpi lanai ketah dakanlokia qaq compi cohomi maiche kanamahayi”. Esa frase se podía leer en la intersección de 9 de Julio y Av. de Mayo y significa: “Antes el cacique cuidaba la Madre Tierra, ahora la comunidad qom lucha por ella.”. Hace más de dos semanas que miembros de la comunidad formoseña de La Primavera se instalaron con carpas en la médula de la ciudad exigiendo una reunión con autoridades nacionales. Después de que el 23 de noviembre pasado la policía dispersase a balazos el corte que los qom mantenían sobre la ruta 86, como respuesta oficial a sus demandas solo encontraron dilaciones y promesas que fueron mentiras. Mediado por el INADI (a cargo de Claudio Morgado), un encuentro entre Félix Díaz, cacique de los qom, y Florencio Randazzo, Ministro del Interior, estaba pactado para las 10 de la mañana en Casa de Gobierno.

Esa mañana, en Plaza de Mayo, quien recibió a Félix Díaz fue el oficial de turno; entretuvo al cacique por una hora. Después le dijo que la reunión se haría en INADI. Más tarde que el ministro estaba con la presidenta en una reunión urgente, lejos de Capital. A la tarde, en un ambiente hostil, rodeado de policías y asfalto, cansado por el hambre, Díaz reflexionaba en conferencia de prensa: “No puede ser que un Estado condicione la necesidad de la gente.”

Los festejos de fin de año encuentran a otros cinco integrantes más de la Primavera desde el anterior jueves en situación de ayuno. Sobre la huelga de hambre: “No estamos jugando, estamos poniendo el cuerpo porque buscamos Justicia. El valor de la vida es igual que el de la Tierra.” Sus exigencias son:

1. Que les sean restituidas los terrenos despojados.
2. Que los estados provincial y nacional tomen medidas efectivas en relación a la escasez de agua y a la situación de insalubridad.
3. Que les sean restituidos todos los documentos que la policía quemó el día de la represión.

Cumplidas esas condiciones, los qom volverían a su tierra, suspendiendo el ayuno.

En el primer documento oficial, Mario Barbosa Moreira, secretario de Randazzo, al tiempo que citaba a una audiencia entendía que “el diálogo constituye el único medio idóneo para la búsqueda de las soluciones a las distintas problemáticas planteadas.” Otro comunicado, dice: “El cacique Qom no asistió a la reunión pautada. No sabemos los motivos, nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo.” Y Díaz: “Se buscaron estrategias para hacernos quedar mal. Por suerte está grabado. Yo necesito que cumplan su palabra como una respuesta a este clamor que estoy llevado adelante.”

Terminada la conferencia un grupo con charangos, castañuelas, tambores y quenas cantaban: “ A la orilla de una ruta
Viven mis hermanos
Piden a Dios perseguidos
llamados pueblo Qom
Primavera perseguida
Llamado pueblo Qom”

Clausuran otra finca rural por trabajo esclavo

En el campo, las espinas son para los trabajadores rurales La Justicia allanó una estancia en San Pedro, donde 69 trabajadores eran presuntamente reducidos a condiciones de servidumbre. Detuvieron a un directivo de la empresa y a cuatro capataces. Por Leonardo Rossi “Estamos prácticamente abandonados, esto no es justo”, dijo con rabia uno de los 69 hombres que trabajaba a destajo en la estancia La Luisa, ubicada en el paraje Beladrich, en San Pedro.
En este campo de 400 hectáreas residía en forma temporal un grupo de campesinos santiagueños sometidos a condiciones de insalubridad, presumiblemente reducidos a servidumbre. El caso se enmarca en la investigación por hechos conexos con el delito de trata de personas en establecimientos rurales, que desde diciembre pasado encabeza el fiscal de la UFI 6 de San Nicolás, Rubén Darío Giagnorio.

A partir de este trabajo del fiscal fue descubierta la explotación de obreros rurales efectuada por la multinacional Nidera –como reveló Página/12 el domingo pasado–. En este caso, la empresa infractora es Southern Seeds Production SA (SSP), con sede en Arrecifes. Uno de los dueños de la compañía, Alfredo Montealegre, quedó demorado, junto a cuatro capataces. Los cinco serán indagados hoy por el fiscal. Por su parte, el Ministerio de Trabajo bonaerense dejó clausurado el establecimiento. Los trabajadores, que llegaron en dos tandas el 15 y el 29 de diciembre pasado, desfloraban maíz todos los días, durante 12 horas. Según constató Página/12 durante el operativo, para dormir contaban con unas 30 camas cuchetas ubicadas dentro de una carpa de lona. Además, no tenían baños ni luz. Los alimentos perecederos eran conservados a la intemperie. El agua para bañarse la trasladaban en tachos de agrotóxicos. “Desde que están allí jamás vieron un médico. Varios sufrieron diarrea y a uno lo afecta un tumor. Además, no sabían en qué lugar geográfico se encontraban”, dijo el fiscal a este diario. Todos habían sido traídos desde sus pueblos, en Santiago del Estero, con la promesa de buenas condiciones de trabajo, en comparación con las que los tienen acostumbrados. Los campesinos no podían salir de la estancia porque corrían riesgo de que todos perdieran el empleo. Si utilizaban más alimentos de los que tenían asignados –una bolsa de 25 pesos por día, les decían los capataces– se les descontaba el excedente del sueldo, que era de 1100 pesos por hectárea desflorada. Los cálculos de los trabajadores indican que eso requiere de ocho días de trabajo. Pero dicen que entre los descuentos alcanzarían a sacar entre 500 y 800 pesos por hectárea. Todo eso según los cálculos, ya que hasta ahora no habían cobrado nada.

También debían pagarse los pilotos, guantes o calzado que necesitan para realizar su tarea. El fiscal se acercó al establecimiento poco antes de las seis de la mañana. Alertados por los procedimientos previos, los dueños se llevaron del lugar a dos menores que estaban en la actividad –que ya estarían en sus casas, en Santiago, según sus familiares–. “También pusieron, en la madrugada (de ayer) un baño químico y compraron faroles a kerosene”, relataron los trabajadores a Página/12. Todo el resto se mantuvo igual. Abrumado por el cuadro que encontró, el funcionario judicial sostuvo: “El objetivo es que la gente se vaya a Santiago con la plata que le deben”. Y recalcó: “La víctima no debe seguir trabajando con el victimario”. Con la llegada de Giagnorio comenzó a intervenir un equipo de la Policía de Investigaciones bonaerense, que se dedicó a recabar datos de los empleados y empleadores.

Además se dispusieron móviles para llevar a las personas con afecciones de salud a un centro sanitario de San Pedro. Por su parte, el Ministerio de Trabajo provincial también hizo sus actas, en las que dejó constancia de las irregularidades en materia sanitaria. Organizados en ronda, los trabajadores agrarios hablaron con este diario. “La empresa se aprovecha. Ni siquiera nos dan pilotín para trabajar los días de lluvia. Si querés uno te lo venden a 160 pesos”, precisó Carlos. “Allá (en Santiago del Estero), cuando te contratan, te prometen de todo; llegas acá y no hay nada”, se quejó otro. También aseguraron que no pueden irse de la finca. “Si se escapa uno, paga la cuadrilla”, era la amenaza patronal. Más allá de los cuatro capataces que coordinaban los grupos de trabajo, nunca veían a los dueños de la empresa. Sólo iba todos los días un proveedor a llevar las bolsas con comida, que incluían fideos, arroz, salsa de tomate, pan, cebollas y papas. También les daban carne, que debían mantener en antiguas fiambreras, que sólo sirven de protección ante las moscas. Los capataces que ahora se encuentran demorados son Víctor Barreto, Elio Ullua, Héctor Herrera e Isamel Ibarra. Ellos trabajaban en el campo, pero eran el aparente nexo con los dueños de SSP, ya que por los relatos de los campesinos estas personas los reclutaban en sus lugares de residencia. Estos hombres les prometieron trabajo en la desflora de maíz, pero con condiciones más dignas de las que resultaron.

El viceministro de Trabajo de la provincia, Carlos Molina, encabezó el procedimiento de esa cartera en La Luisa. “Esto se tiene que cortar”, manifestó el funcionario. Admitió, sin embargo, que la operatividad del ministerio es insuficiente para esa campaña. “Somos conscientes de que con nuestra capacidad es muy difícil llegar a descubrir estos casos. Hay que estimular las denuncias.” Molina atribuyó la proliferación de esta modalidad de empleo precario a los “muchos años en los que todo se libró al mercado”. Luego de que Trabajo relevara a los empleados precarizados, el establecimiento quedó clausurado “porque incumple las normas de seguridad e higiene”. Respecto del registro de los trabajadores, la empresa tiene hasta el jueves de la semana próxima para presentar toda la documentación al ministerio. Hoy se realizará una audiencia en la sede regional de San Pedro de la cartera laboral para intentar que la empresa pague a los trabajadores los salarios por lo realizado hasta la fecha. Luego el ministerio se encargará de que los jornaleros cuenten con un micro que los traslade a su provincia.

Por otra parte, el fiscal avanza en la causa penal que involucra a los dueños de la empresa y a los reclutadores. “Las penas para este tipo de delito van de tres a quince años de prisión”, explicó Giagnorio. Con el operativo casi consumado, se hizo presente Mario Bentolila, un abogado que dijo representar a SSP. “Los trabajadores están todos legalmente registrados y sus salarios están por encima del convenio sindical”, le dijo a Página/12 el letrado. Bentolila intentó negociar con el fiscal y el viceministro de Trabajo la continuidad de las actividades de La Luisa. “En cuatro días se pierde la siembra. Necesitamos con urgencia la mano de obra.” De forma contundente, el fiscal le respondió: “Me parece importante la pérdida económica para que no vuelva a ocurrir. La empresa tiene una enorme ganancia superior a lo que debiera por la explotación que realizan de los trabajadores. Si el negocio no les sirve, que cierren